PP y Vox Galapagar solicitan medidas urgentes para ayudar a las familias golpeadas por el COVID-19

18 mayo, 2020
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PP y Vox Galapagar han pedido modificaciones presupuestarias para hacer frente a la emergencia social, además del incremento de recursos en Servicios Sociales para poder atender la creciente demanda de familias necesitadas.

En una nota de prensa conjunta, ambas formaciones de la oposición en el Ayuntamiento de Galapagar, aseguran que «el alcalde, Alberto Gómez (PSOE), ha denegado el pleno extraordinario solicitado por PP y VOX, vulnerando los derechos fundamentales de los concejales solicitantes».

«El gobierno municipal permanece impasible ante la crítica situación de muchas familias de Galapagar, azotadas por la crisis del Coronavirus», lamentan en su nota. Y «no sólo no toma medidas, sino que se opone a las soluciones y propuestas planteadas por los grupos de la oposición», expresan desde el PP y Vox, que en esta ocasión han «aunado esfuerzos para intentar paliar esta situación crítica de muchas familias de la localidad».

Servicios Sociales colapsados y falta de recursos económicos

Ambas formaciones aseguran que los Servicios Sociales del Ayuntamiento «permanecen colapsados» ante el aumento de peticiones de alimentos y ayudas de emergencia por parte de trabajadores en ERTE que aún no han cobrado, familias con varios de sus miembros en paro, y personas vulnerables se han multiplicado. «Todo ello hace necesario, no sólo la contratación de trabajadores sociales para la valoración de los casos, sino el aumento de recursos económicos para poder satisfacer la enorme demanda», consideran.

Dimisión de la Coordinadora del área «por discrepancias con la concejal»

«A todo ello —indican en la nota conjunta— se ha unido la dimisión de la Coordinadora de Servicios Sociales, debido a discrepancias acerca del presupuesto de la concejalía y de injerencias por parte de la concejal de Hacienda, Pilar García (C’s). Esto ha propiciado que, durante 5 días, se han visto paralizadas todas las solicitudes realizadas».

Afortunadamente, tras la petición expresa de las portavoces Carla Greciano (PP) y Amparo Fernández (VOX), la Coordinadora ha vuelto a su puesto de trabajo.

Pleno extraordinario y modificaciones presupuestarias

Por todo ello, el pasado 11 de mayo, los grupos municipales de la oposición, PP y Vox, haciendo uso de sus derechos, solicitaron la celebración de un pleno extraordinario «ante la desastrosa situación que vive la concejalía de Servicios Sociales».

Para Carla Greciano «se ha convertido en indispensable que todos los esfuerzos del Ayuntamiento de Galapagar se dirijan a cubrir las necesidades de quienes están siendo golpeados por la crisis sanitaria, económica, laboral y social, por lo que como representantes de los galapagueños debemos hacer ver al equipo de gobierno la dura realidad que les ha tocado vivir a muchos ciudadanos con la llegada de la pandemia».

Amparo Fernández ha señalado que «le hemos hecho llegar al gobierno varias alternativas presupuestarias para que entiendan que, ya sea con la utilización del superávit de 2019 de 3.700.000 €, o declarando no disponibles los créditos que no se van a utilizar como los 6.000€ de protocolo o 20.000€ de la Semana Santa y la Romería que no celebramos, debemos dirigir las políticas del consistorio hacia quienes más nos necesitan».

Así, ambas formaciones solicitaron una modificación presupuestaria de 522.000€ para hacer frente a la emergencia social y un incremento 54.000€ para la «contratación del personal necesario para poder dar salida a las peticiones de los usuarios que así lo necesiten».

A pesar de la trascendencia de la solicitud realizada, el alcalde de la localidad, Alberto Gómez (PSOE) ha firmado una comunicación a ambos partidos políticos denegando la convocatoria del pleno, algo «incomprensible» para la oposición, que «esperaba del socialista una sensibilidad por los más necesitados bastante mayor a la mostrada».

Tanto el PP de Galapagar como Vox Galapagar han advertido al alcalde de «la ilegalidad» de no convocar el pleno extraordinario solicitado, por «vulnerar los derechos fundamentales de los concejales solicitantes«, y de la «necesidad acuciante de solucionar el problema existente en la concejalía de Servicios Sociales». 

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