Galapagar: El PP denuncia al alcalde socialista ante la Fiscalía por “posible delito de prevaricación administrativa”

10 abril, 2021
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El Partido Popular ha acudido a la fiscalía para que investigue si el regidor, Alberto Gómez, está cometiendo un delito «al impedir hasta en dos ocasiones la votación de los salarios del gobierno, a sabiendas de que un concejal de C’s estaba en una flagrante incompatibilidad».

Carla Greciano presenta la denuncia en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Collado Villalba

«El concejal de Ciudadanos, Santos Esteban, lleva dos meses cobrando su dedicación exclusiva pese a trabajar en una empresa privada desde el 1 de febrero y solicitar una dedicación parcial, que todavía no se le ha concedido», explican los populares galapagueños.

La portavoz municipal del Partido Popular de Galapagar, Carla Greciano, ha acudido ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Collado Villalba para presentar una denuncia contra el alcalde socialista de Galapagar, Alberto Gómez Martín. En su denuncia, los populares piden a la Fiscalía que investigue si el regidor podría estar incurriendo en un posible delito de prevaricación administrativa.

Los populares se basan en el hecho de que, el concejal de Ciudadanos, Santos Esteban, teniente de alcalde y con dedicación exclusiva, comenzó a trabajar en una empresa privada desde el pasado 1 de febrero, solicitando por ello una dedicación parcial para evitar la incompatibilidad de cargo público.

«El 28 de febrero de 2021 se convocó Pleno ordinario, incluyendo la propuesta con carácter retroactivo de la solicitud del concejal con respecto a su dedicación. Al inicio del Pleno, el alcalde Alberto Gómez Martín, retira el punto del orden del día sin dar más explicaciones», afirman desde el PP local.

«Un mes después, el 25 de marzo de 2021, se convocó un nuevo pleno ordinario con un orden del día, en el que se vuelve a incluir propuesta de dedicaciones exclusivas y parciales, para dar salida a la petición del concejal D. Santos Esteban, que de facto, comete incompatibilidad desde el 1 de febrero de 2021 y ha cobrado ya la nómina de febrero y está a punto de cobrar la de marzo», añaden.

«Nuevamente el Alcalde, Alberto Gómez Martín, retira el punto del orden del día, para evitar que se voten las enmiendas presentadas por los distintos grupos políticos, y a sabiendas, por el decreto firmado por la alcaldía de 5 de marzo, por los escritos presentados por el concejal, y por las manifestaciones expresadas por todos los concejales en el Pleno del Ayuntamiento de Galapagar, que se está cometiendo una ilegalidad por incompatibilidad del concejal aludido en el Ayuntamiento de Galapagar».

«Por todo ello, el Partido Popular de Galapagar ha presentado una denuncia ante la fiscalía para que investigue si el alcalde D. Alberto Gómez Martín está cometiendo un delito de prevaricación administrativa y de vulneración de derechos fundamentales evitando la votación de las enmiendas presentadas, dando debido cumplimiento a la solicitud del concejal y permitiendo que mes tras mes, el concejal solicitante, cobre un salario por dedicación exclusiva y cometa incompatibilidad en el debido cumplimiento de la función pública ante las Administraciones y sus ciudadanos».

«Tanto el concejal como los ciudadanos están siendo perjudicados por la actuación del Alcalde, ya que al primero le obliga a incumplir la ley y a los ciudadanos les obliga a seguir pagando con sus impuestos un salario injusto y que no se corresponde ni con las intenciones del concejal ni con las competencias que le ha conferido la alcaldía».

Los populares manifiestan que «no entienden cómo C’s sigue apoyando a un alcalde que ha demostrado no ser leal con sus socios, ya que ha perjudicado directamente a uno de sus concejales, y más aún, cuando lo único que ha demostrado que le interesa es mantener su salario por encima del cumplimiento de los pactos adquiridos con C’s, con Podemos o con los ciudadanos, todos ellos pactos de los que no ha cumplido aún, tras 2 años en el cargo, ni uno solo de sus puntos».

Para la Portavoz del grupo municipal Popular, Carla Greciano, «es la justicia quien debe determinar si ha habido un caso de prevaricación y confiamos plenamente en ella. Si finalmente la fiscalía entiende que ha habido prevaricación y lo lleva a juicio, debería dimitir inmediatamente».

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